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   Historias de buitres y caranchos   
      
   Desde los años de Martínez de Hoz se repiten los nombres y las vueltas de un   
   intrincado sistema de lobby judicial y político.   
      
   La trama oculta de los estudios jurídicos que patrocinan a los acreedores   
   más salvajes.   
   Por Gabriel Bencivengo   
   political@miradasalsur.com   
      
   La intención del Poder Ejecutivo de crear el Fondo del Bicentenario para   
   garantizar el pago de los vencimientos de la deuda externa puso de relieve   
   una vez más la intrincada red de vasos comunicantes que unen los sectores   
   trasnacionalizados de la economía local con algunos de los estudios   
   jurídicos más influyentes del país. Comunión de intereses y afinidad   
   ideológica mediante, la construcción de poder nació en los años de plomo, se   
   reconvirtió en la década menemista y hoy aflora con nuevos ropajes, pero   
   iguales propósitos. Una situación que aprovecharon los fondos buitres EM   
   Limited y NML Capital para torpedear en el juzgado neoyorquino de Thomas   
   Griessa la estrategia del Gobierno.   
      
   "Hay reservas suficientes y voluntad de pago. ¿Si el país no puede pagar, no   
   estaríamos ante un verdadero sabotaje?", se pregunta un consultor de la   
   city. Obviamente, la pregunta es retórica e interesada. El hombre apostó al   
   canje. Acostumbrado a transitar despachos donde se toman decisiones   
   trascendentes, agrega -para sorpresa del cronista- un análisis que coincide   
   con la lectura oficial. "Mire bien. Los verdaderos artífices de la   
   judicialización no están en la superficie. Algunos son muy impopulares",   
   dice con tono confidencial. Según su lectura, se trataría de operadores con   
   profundos conocimientos de temas económicos, financieros y legales. Una vez   
   más, el interlocutor no quiere hacer nombres. Mucho menos que se lo   
   mencione. "No se equivoque, Redrado es, a lo sumo, un peón en este ajedrez",   
   dice antes de dar por terminado el diálogo.   
      
   Algunos de los protagonistas del intrincado entramado ocuparon cargos   
   relevantes en el Poder Judicial antes de saltar a la actividad privada o   
   brindaron soporte técnico al andamiaje legal que precedió a las   
   privatizaciones. Otros -menos presentables- sirvieron como funcionarios   
   durante la dictadura o hicieron difusión de las políticas neoliberales que   
   aplicaron José Alfredo Martínez de Hoz y Domingo Cavallo. Comparten un   
   denominador común: sus servicios sólo entran a tallar cuando grandes sumas   
   de dinero o intereses políticos de gran envergadura están en juego.   
      
   Preferidos & convertibles. Especializados en derecho público, regulación   
   económica y reestructuración de pasivos, son los preferidos por las   
   multinacionales, las empresas de servicios públicos, los bancos extranjeros   
   y los acreedores del Estado. También por Martín Redrado para resistir el   
   decreto de necesidad y urgencia que lo removió de la presidencia del Banco   
   Central de República Argentina. Quienes conocen el ambiente judicial no se   
   sorprenden de que la elección de Redrado haya recaído en el abogado Juan   
   Carlos Cassagne. Por su estudio, aseguran las revistas de negocios, pasaron   
   algunos de los asuntos y de las operaciones más importantes de los últimos   
   años. En el Palacio de Tribunales subrayan que en su track récord figura la   
   demanda que patrocinó -junto a su ex socio Emilio Cárdenas- en nombre del   
   Bank of Nova Scotia contra el Estado nacional por 600 millones de dólares.   
   Apenas un renglón de un extenso currículum que incluye la colaboración que   
   brindó a Roberto Dromi y Rodolfo Barra en el diseño del andamiaje legal que   
   precedió a las privatizaciones.   
      
   No es el único caso. Héctor Mairal -actual socio de Marval, O'Farrel &   
   Maizal- fundó en 1971 con Guillermo Walter Klein el estudio Mairal & Klein,   
   de influyente actuación hasta que en 1984 la comisión del Congreso que   
   investigó la estatización de la compañía Italo obligó a dos sus   
   integrantes -José Alfredo Martínez de Hoz (h) y Mariano Grondona (h)- a huir   
   de las oficinas del buffet cargando documentos. Recuperada la documentación,   
   los legisladores pudieron reconstruir la ruta del dinero que, fugado del   
   país durante los años de plomo, había sido consignado como préstamos por los   
   bancos extranjeros y que Domingo Cavallo -durante su paso por el Banco   
   Central en 1982- convirtió en deuda pública.   
      
   La trayectoria de Mairal registra otros destacados. Entre los más recientes:   
   la representación de bonistas italianos ante el Ciadi, el tribunal arbitral   
   del Banco Mundial. Pero también, cuando la Convertibilidad lanzaba un último   
   suspiro, la nominación en la publicación británica Chambers & Partners como   
   uno de los cien abogados de negocios más importantes del mundo. Un ranking   
   que incluyó a Cassagne. Menos prestigiosos, aunque siempre presentes,   
   Martínez de Hoz (h) y Mariano Grondona (h) también recobraron protagonismo   
   tras la salida de la Convertibilidad. Las empresas extranjeras Pan American   
   Energy, El Paso Energy, Mobil Argentina y RGA Reinsurace son algunas de las   
   firmas que les confiaron sus asuntos; además de los grupos Enersis y   
   Wintershall, holdings en nombre de los cuales presentaron demandas ante el   
   Ciadi por u$s 1.800 y u$s 480 millones, respectivamente.   
      
   Dos buitres importados. Menos refinados, pero tan eficientes en sus   
   objetivos como los estudios locales, los abogados de los fondos buitres EM   
   Limited -de Kenneth Dart- y NML Capital -de John Singer Elliot- ocasionaron,   
   judicialización local mediante, un serio daño al Gobierno. Acostumbrados a   
   lidiar con dictaduras africanas y especializados en acorralar naciones, sus   
   propietarios pueden alcanzar rendimientos que oscilan entre el 75 y el 300   
   por ciento. Dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario, sus apuestas   
   no se hacen en los mercados. De allí que en sus estructuras corporativas   
   tengan un mayor peso los abogados especializados que los buenos financistas.   
      
   Tal el caso de EM Limited, fondo que tiene acreencias por u$s 2.700   
   millones, de los cuales unos u$s 1.500 están bajo litigio en el juzgado de   
   Griessa. Perseguido por evasión impositiva en Estados Unidos, Dart perdió su   
   condición de ciudadano estadounidense y se refugió en las Islas Caimán.   
   Antes de desembarcar a fines de 2001 en nuestro país, y de profundizar sus   
   operaciones cuando el default era un hecho, fundó la West Indias Company,   
   una firma con la que incursionó en oscuro terreno de las privatizaciones.   
      
   Similar es la historia de Elliot, titular de Elliot Asociates -controlante   
   de NML Capital-. Residente en Belice y Bahamas, los dos paraísos fiscales   
   desde donde opera un banco con sede en Miami, posee u$s 1.500 millones de   
   títulos públicos que adquirió apenas declarado el default. Financista de la   
      
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    * Origin: you cannot sedate... all the things you hate (1:229/2)