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   Deuda pública externa y Censo de Acreedores   
      
   (AW) En la tónica del anonimato, para no identificar negocios non sanctos,   
   los acreedores del Estado devinieron invisibles, básicamente durante el Plan   
   Brady de 1992 y a través de Títulos Públicos. Una suerte de oleada de nueva   
   deuda luego de la primera y siniestra gran ola de endeudamiento durante la   
   dictadura cívico-militar genocida. Y siguió el baile con el gobierno de   
   Néstor Kirchner y así sucesivamente hasta que hoy, en esta nota de uno de   
   los más importantes referentes sobre el estudio e investigación de la deuda   
   pública externa, queda expuesta la necesidad y urgencia de un Censo de   
   Acreedores. Sería una punta muy importante para iniciar el desarme.   
      
   Por Héctor Luis Giuliano   
      
   En el marco de la tradicional complicidad que existe entre los gobiernos de   
   turno y los acreedores financieros del Estado junto con sus permanentes   
   bancos intermediarios, la Administración Kirchner pugna actualmente por   
   cerrar en forma acelerada y secreta un acuerdo con los bonistas que no   
   entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna del 2005 (los Holdouts) sin   
   identificar, entre otras cosas, una información clave en estas   
   negociaciones: a quiénes les debe hoy la Argentina.   
   La esencia del Plan Brady de 1992 fue pasar la Deuda Externa del Estado,   
   arrastrada desde el Proceso con una serie fuertemente concentrada de Bancos   
   Acreedores, a Deuda "anónima" expresada en Títulos Públicos.   
   Lograda esta maniobra básica, la servidumbre al Sistema de la Deuda Perpetua   
   venía consolidada por añadidura porque el argumento acordado de ahí en más   
   entre los verdaderos acreedores y los gobiernos que rotasen en el poder   
   formal del país iba a ser que las nuevas Administraciones no podían   
   identificar a los tenedores de bonos. Este replanteo fundamental de la   
   relación del Estado con su Deuda Pública - precedida por el Acuerdo de Nueva   
   York de 1985, en que el gobierno Alfonsín emitió Bonods y Promissory Notes   
   en respaldo de las acreencias nominativas de los grandes bancos y   
   acreedores - fue consolidado después con la transformación de la Deuda   
   Externa en Bonos Brady durante 1992-1993 y constituyó el hito principal en   
   la nueva etapa de endeudamiento público de la Década del ´90: la Ola de   
   Deuda Nueva, después de la Primera gran Ola de "Deuda Vieja" durante la   
   Administración del Proceso Militar de 1976-1983.   
   Los Bonos Brady fueron luego canjeados en su mayoría por nuevos títulos a   
   través de la operación cuasi-delictiva del Megacanje De la Rúa-Cavallo del   
   2001, pactada con una serie de grandes bancos bajo la coordinación del   
   Credit Suisse-First Boston, dirigido por David Mulford (el mismo que, como   
   Subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, había intervenido en la   
   gestación del Plan Brady y que, junto con el titular del Comité de Bancos   
   Acreedores, William Rhodes, recibiera las máximas condecoraciones del Estado   
   Argentino por parte del Gobierno Menem).   
   Cuando el Gobierno Kirchner acordó su Megacanje de Junio de 2005 no sólo   
   reconoció y absorbió entonces la mayor parte de los títulos originados en el   
   negociado del Megacanje anterior del 2001 (pese a que esa operación está   
   siendo investigada por la Justicia Federal) sino que cedió además en un   
   punto clave que fue boicoteado por los Acreedores: la identificación de los   
   tenedores de bonos.   
   Esto configuró una actitud tan importante como insólita: los Acreedores - al   
   contrario de lo que ocurre, por lógica, en todo Concurso Privado - se   
   negaron a identificarse; y la Administración Kirchner lo terminó aceptando   
   así.   
   Es que el anonimato en las grandes renegociaciones de la Deuda es   
   consustancial al mecanismo de la Deuda como Instrumento de Dominio.   
   Es una de las piezas-clave a través de la que los gobiernos de turno aceptan   
   la sumisión al poder de la Banca Acreedora y los Fondos de Inversión que   
   actúan mimetizados a través de la pantalla de ser representantes de bonistas   
   anónimos.   
   Ésta es, repetimos, una de las piezas esenciales dentro de las negociaciones   
   secretas de todas las reestructuraciones de Deuda; y los gobiernos de turno   
   son, en este punto, cómplices de los Acreedores en contra del Interés   
   Nacional.   
   No existe justificación alguna para que estos acreedores sigan siendo   
   titulares no identificados: si la Administración de Gobierno actuara con la   
   mínima transparencia y honestidad lo primero que debe hacer es exigir la   
   identificación de todos los acreedores no sólo involucrados en la presente   
   refinanciación sino la de todo acreedor del Estado en general.   
   Hoy en día no existe excusa válida para rehusar la constitución de un Banco   
   de Datos que contenga los registros de todos y cada uno de los Acreedores   
   del Estado, empezando por aquéllos que se presenten hoy al Canje de los   
   Holdouts.   
   Este mecanismo sería simple y directo: a cada tenedor de Bonos se le   
   debieran pedir básicamente cinco tipos de datos: 1. Su identificación   
   personal (que en caso de ser persona jurídica debiera identificar además los   
   titulares personalizados de la firma), 2. El lógico detalle de los títulos   
   de Deuda Argentina en su poder, 3. La fecha y operación de compra de esos   
   títulos, 4. A quién se los compró (esto es, la identificación del Vendedor),   
   y - punto clave - 5. A qué Precio los pagó en su momento, ya que este último   
   dato es fundamental a los efectos de cuantificar el resarcimiento monetario   
   pertinente, si es que se tratase de una Deuda Legítima; porque en principio,   
   el Estado, por fundadas razones de fuerza mayor - incapacidad de repago - no   
   estaría obligado a rescatar dichos títulos a mayor valor que el precio   
   abonado por el acreedor.   
   Jactarse el Gobierno, el día de mañana, de haber "conseguido" una quita del   
   40, 50 ó 60 % sobre títulos que los acreedores especulativos anónimos   
   compraron al 30, 20 o menos por ciento de su valor es, en principio, una   
   burla a la Opinión Pública; y convalida un negociado de tales acreedores. Es   
   justamente lo que configura la ganancia típica de los Fondos Buitre.   
   La identificación de las operaciones de adquisición es importante no sólo   
   como dato sino también como fuente de información - nacional e   
   internacional - sobre eventuales operaciones de lavado de dinero. Y ésta es   
   una de las razones por las que los Acreedores tratan siempre de evitarla   
   escondiendo así sus operaciones de triangulación financiera.   
   Este sólo proceder estatal - si existiera la mínima voluntad de confrontar y   
   no convivir con el problema de la Deuda - constituiría un giro copernicano   
   frente a todos los falsos planteos gubernamentales que se sostienen en   
   complicidad con los acreedores y sus intermediarios financieros.   
      
   [continued in next message]   
      
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