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   From: mitiagorda@gomail.com.ar   
      
   06 de Febrero, 2010   
   Detienen a punteros oficialistas por irregularidades en planes sociales   
   Argentina - Tucumán   
      
   Punteros vinculados al gobernador de Tucumán, José Alperovich, fueron   
   detenidos por supuestas irregularidades en el plan Argentina Trabaja que   
   podrían involucrar a unas 250 cooperativas que están siendo investigadas por   
   la Justicia, tanto provincial como federal. El gobierno se desvinculó de   
   esas prácticas irregulares.   
      
   En Tucumán, la puesta en marcha del plan Argentina Trabaja puso al   
   descubierto numerosas irregularidades que terminaron con la detención de   
   cuatro punteros políticos vinculados a un intendente y a un legislador   
   alperovichista, que a cambio de incluir a indigentes en los beneficios   
   solicitaban un porcentaje del sueldo en beneficio propio. Por estas horas,   
   la Justicia local y federal investiga si detrás de las 250 cooperativas que   
   se formaron para dar trabajo se esconden prácticas clientelares.   
   El escándalo estalló a principios de enero, cuando Verónica Pedernera   
   denunció que Amelia Herrera, una puntera política de Banda del Río Salí, le   
   arrebató la tarjeta y entre amenazas le dijo que el beneficio lo iba a   
   cobrar ella y que si quería le iba a "tirar unas monedas". Esto provocó la   
   denuncia policial, que terminó con la detención de la puntera y de los   
   dirigentes barriales Manuel y Guillermo Quiroga, a quienes después de sendos   
   allanamientos se les secuestraron armas de grueso calibre, dinero y   
   comprobantes que certificaban la extracción de efectivo de distintas cuentas   
   bancarias por montos de $ 400.   
   Desde la Casa de Gobierno trataron de desvincular al gobernador José   
   Alperovich de las prácticas clientelares que quedaron al descubierto e   
   incluso el mismo mandatario instó a los cooperativistas a que denunciaran   
   cualquier irregularidad. Entre otras anomalías, el senador nacional José   
   Cano denunció que en las planillas que se presentaron para formar las   
   cooperativas debía figurar el número de afiliado al justicialismo.   
   Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Mirkin, negó que el   
   gobierno tuviera vinculación con los hermanos Quiroga, que al momento de su   
   detención administraban 18 comedores, pero desde la Corriente Clasista y   
   Combativa aseguraron que "a los Quiroga les soltaron la mano".   
   La Justicia tucumana tiene en su poder la investigación sobre la denuncia   
   presentada el último martes por Teresa del Valle Cisneros, que acusaba a la   
   puntera política Leticia Malangoni de haberle sustraído la tarjeta de débito   
   del plan Argentina Trabaja.   
   Según el relato, Malangoni, que responde políticamente al legislador   
   alperovichista Alfredo Quinteros, la había inscripto en el plan con la   
   promesa de conseguirle trabajo, pero Malangoni le dijo que sólo le podía dar   
   $ 200 de los $ 1.200 porque el resto del dinero lo debía compartir con otras   
   cinco personas.   
   A medida que la Justicia avanza con la investigación, comenzaron a aparecer   
   entre los cooperativistas apellidos de legisladores e intendentes, que   
   incluyeron entre los supuestos indigentes a familiares y amigos. En el   
   juzgado federal no se descarta citar al legislador alperovichista Armando   
   Cortalezzi y al intendente de Banda del Río Salí, Zacarías Khoder, para que   
   expliquen qué vinculación tienen con María Noelia Cortalezzi y con Dora   
   Khoder, que figuran como presidentas de distintas cooperativas.   
   En una recorrida que realizó Perfil por la ciudad de Alderetes, a 16   
   kilómetros de la capital tucumana, algunos cooperativistas que pidieron   
   conservar el anonimato por temor a represalias aseguraron que de las 17   
   cooperativas que se formaron en el municipio, hay una que está integrada   
   exclusivamente por familiares y amigos del poder.   
   Otra, en cambio, absolutamente contrapuesta es la realidad que viven los   
   indigentes en el barrio Smata II y las localidades de Alberdi, Aguilares y   
   Concepción, donde según denunció el dirigente Juan Rodríguez, de la   
   Corriente Clasista y Combativa, para acceder al beneficio hay que pagar un   
   canon mensual que ronda entre los $ 300 y $ 600, que va al bolsillo del   
   puntero político.   
      
   Fuente: Perfil.com   
      
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