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   From: loquemata@eslahumedad.com.ar   
      
   Denuncian a Reutemann por intentar destruir archivos de la dictadura   
      
   Fecha Publicación: 09/05/2010|11:28   
      
   En enero de 1992, el entonces gobernador de Santa fe, Carlos Reutemann,   
   firmó un decreto en el que se disponía la destrucción de los partes de la ex   
   Dirección General de Informaciones, que daban cuenta del proceder de las   
   Fuerzas Armadas y de Seguridad durante la última dictadura.   
      
   El 15 de enero de 1992, el entonces gobernador de Santa Fe, Carlos   
   Reutemann, firmó un decreto que en su artículo primero decía: "Autorizar al   
   Cuerpo de Bomberos de la Provincia a efectuar el retiro de la documentación   
   existente en las manzardas Este y Oeste de la Casa de Gobierno." Exceptuaba   
   esos papeles del decreto 1596/87, que establecía las pautas de conservación   
   de documentos de la administración pública.   
      
   De esta forma se disponía la destrucción de los partes de la ex Dirección   
   General de Informaciones, que daban cuenta del proceder de las Fuerzas   
   Armadas y de Seguridad durante la última dictadura. El material se salvó del   
   fuego debido a gestiones de organismos de derechos humanos de Rosario y fue   
   trasladado al Archivo General provincial, de donde fue rescatado el año   
   pasado por la fiscal de Santa Fe Mabel Colalongo.   
      
   El jueves pasado, Patricia Isasa, que estuvo secuestrada en tres campos de   
   concentración de Santa Fe, presentó una denuncia contra el ex gobernador.   
   Pidió que se investigue a Reutemann por intentar eliminar información   
   pública conducente al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad.   
      
   Los decretos   
      
   El decreto de 1992 daba cuenta de que las manzardas Este y Oeste de la Casa   
   de Gobierno provincial, ocupadas por los archivos de inteligencia, estaban   
   en malas condiciones y afirmaba que la documentación se encontraba en "grado   
   de destrucción parcial o total en algunos casos" y que eso "estaría causando   
   un daño considerable a la estructura del edificio". Por este motivo,   
   establecía el retiro de los papeles de ese lugar y los exceptuaba del   
   decreto 1596/87, que establecía las pautas de conservación en documentos en   
   el ámbito de la Administración Pública Central.   
      
   Pero en 1995, y según el relato de Isasa, "luego de que los organismos de   
   derechos humanos de Rosario lograron que no se destruyera el archivo",   
   Reutemann firmó otro decreto en el que señalaba que la documentación   
   producida y recibida por la ex Dirección General de Informaciones, que era   
   de "conservación permanente", debía llevarse al edificio del Archivo General   
   de la Provincia.   
      
   En el artículo segundo ordenaba que "en el término de 120 días de concretado   
   el traslado, la Dirección del Archivo General de la Provincia elaborará un   
   detallado informe y clasificación". Esta última medida no se concretó. El   
   año pasado, Colalongo, que había colaborado con la Conadep y el Juicio a las   
   Juntas y recordaba la existencia de esos papeles, fue a revisarlos y se   
   encontró con información potencialmente valiosa para las investigaciones   
   sobre el terrorismo de Estado en su provincia.   
      
   La denuncia   
      
   Isasa tenía 16 años cuando fue secuestrada, el 30 de julio de 1976, durante   
   sus vacaciones de invierno en la ciudad de Santa Fe. Fue torturada, abusada   
   y violada. Pasó por las comisarías primera y cuarta y la Guardia de   
   Infantería Reforzada. "En la búsqueda de la verdad supe de la existencia del   
   'Archivo Ideológico'.   
      
   Del tratamiento que los diferentes gobiernos dieron a esta valiosa   
   documentación se infiere el respeto a los derechos fundamentales que forman   
   parte de la conciencia sociouniversal como lo son la vida, la libertad, la   
   dignidad", dice Isasa en la denuncia que presentó el jueves ante los   
   fiscales de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas por   
   violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado   
   por Jorge Auat y Pablo Parenti.   
      
   La procuración giró la presentación a Colalongo, quien debe evaluar si   
   Reutemann es responsable de intentar destruir información pública conducente   
   al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad. "Incluso hay que   
   investigar si parte de ese material no se quemó antes de que fuera enviado   
   al edificio del Archivo General de la Provincia", arriesga Isasa, quien   
   agrega que buscó el original del decreto del 15 de enero de 1992 durante   
   ocho meses.   
      
   "Se hablaba de una orden de Reutemann para destruir el archivo de la ex   
   Dirección General de Informaciones, pero hasta ahora no había pruebas. Se   
   especulaba con que se había dispuesto la quema por una cuestión burocrática,   
   de cumplimiento de los plazos para la conservación de documentos públicos,   
   el decreto demuestra que no fue así y que, antes de los plazos establecidos,   
   se alegó que estaba en malas condiciones y que estaba causando daños en el   
   edificio de la Casa de Gobierno. Es llamativo", dijo a Página/12 un   
   funcionario judicial.   
      
   "No hago esta denuncia porque Reutemann sea de derecha, sino por la   
   criminalidad de sus actos de gobierno: 23 muertos en las inundaciones más   
   otros 160 como consecuencia de ellas, siete muertos en diciembre de 2001 y   
   el nombramiento en la Suprema Corte de su primo y su abogado. Esto que   
   denuncio ahora es el primer hecho", manifestó Isasa.   
   Los miles de papeles que forman parte del archivo del organismo que encabezó   
   el capitán Rondello Barbaresi dan cuenta del seguimiento a militantes,   
   dirigentes políticos, sindicales o estudiantiles antes y durante la última   
   dictadura. Hay, por ejemplo, un largo informe pedido a la policía de Santa   
   Fe por sus colegas de Misiones vinculado con el dirigente radical Marcelo   
   Stubrin, un parte sobre una reunión de la Juventud Radical y Franja Morada   
   en la casa de Luis "Changui" Cáceres.   
      
   También están registrados la clausura del periódico Estrella de Cañada de   
   Gómez, la detención de su director por publicar una caricatura de Jorge   
   Rafael Videla y la persecución a miembros de organismos de derechos humanos   
   a raíz de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero   
   lo más importante es que aporta pruebas sobre "detenciones" y actos de   
   espionaje realizados contra personas que luego fueron desaparecidas.   
      
    09 de mayo de 2010 (notife)   
      
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    * Origin: you cannot sedate... all the things you hate (1:229/2)